El presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), Vicente Muñóz, reconoció al diario Las Provincias estar imputado en la investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha emprendido contra Ángel María Villar y diversos cargos en la RFEF.
En la ‘Operación Soule’ se investigan los delitos de corrupción entre particulares, falsedad, administración desleal y apropiación indebida y, al margen de los partidos amistosos, también se apunta a una supuesta red de favores desde la cúpula de RFEF a dirigentes territoriales.
Muñóz, cuya labor en la FFCV se compatibiliza con su trabajo en una agencia de viajes, no se hallaba en la mañana del martes de la sede de la FFCV en la calle Barón de Cárcer cuando diversos operativos de la Guardia Civil acudieron al lugar en busca de documentación y pruebas que puedan confirmar las pesquisas realizadas. El personal de Federación asistió a los agentes, quienes se marcharon a mediodía, y fuentes de la FFCV confirmaron que la mañana transcurrió con relativa normalidad a nivel administrativo.
En principio, Muñoz (que lleva en el cargo de presidente desde 1986) declarará ante la Guardia Civil en la tarde del martes.
Villar, su hijo y Juan Padrón, detenidos
La mañana del martes arrancó ajetreada en Madrid, cuando el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, su hijo Gorka y otros dos directivos fueron detenidos esta mañana en una operación en la que se investiga el enriquecimiento ilícito de la cúpula de a RFEF con el cobro de comisiones ilícitas millonarias por la organización de encuentros amistosos de la Selección Española.
También fueron detenidos el vicepresidente de la Federación y presidente de la Federación tinerfeña, Juan Padrón, y el del secretario de esa federación regional, Ramón Hernández Baussou, por otra pieza de la instrucción que apunta a una presunta red de favores desde la cúpula de RFEF a dirigentes territoriales.
Los agentes de la UCO tienen órdenes de registro de diez ubicaciones. Ya han sido registradas la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas (Madrid), donde los agentes impiden a los trabajadores ocupar sus puestos de trabajo; varias territoriales, como la de Tenerife y la de la Comunitat Valenciana; y varias empresas propiedad de Gorka Villar.